El Gobierno español se aferra a la “seguridad nacional” para no aclarar si conocía el espionaje masivo contra políticos independentistas

Distintas evidencias señalan al Estado como responsable del espionaje a 65 políticos y personalidades catalanas y vascas a través del software Pegasus. Una investigación de Citizen Lab detalla cómo y cuándo se infectaron los teléfonos y sugiere la responsabilidad del CNI.

Por: Ter García  @tergar_

“Lo único que espero del Estado español ahora es que rinda cuentas”, ha afirmado hoy el expresidente catalán Carles Puigdemont en una rueda de prensa celebrada hoy en el Parlamento Europeo en la que también han participado representantes de Ómnium Cultural y Assemblea Nacional catalana —también afectados por el caso de espionaje—, Oriol Junqueras y el ex relator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye. Lo ha hecho después de que hoy, la revista estadounidense The New Yorker publicara y un reportaje en el que se detalla cómo al menos 65 personalidades del independentismo catalán —y dos políticos abertzales— han sido espiadas usando el software Pegasus. “Cuando vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la parte contraria será quien represente al Estado español, al Reino de España, y esa persona es a quien vamos a pedirle explicaciones”, añade. 

Puigdemont ha confirmado que él y el resto de afectados presentarán querellas contra el Estado español y contra la empresa israelí NSO, creadora del programa de espionaje. Las denuncias se presentarán en España, Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo y se presentarán documentos en el Parlamento Europeo en el que se quiere convocar un debate en pleno sobre el uso de Pegasus.

La publicación de The New Yorker hace público un estudio realizado por el grupo de investigación canadiense Citizen Lab, basado en la Universidad de Toronto, que señala que al menos 65 personalidades de la política y el activismo catalán y vasco han sido espiadas utilizando el programa Pegasus. Todo apunta a que detrás de la operación se encuentra el Ministerio de Interior, puesto que el programa desarrollada por NSO solo puede adquirirse por instituciones gubernamentales.

Pasadas las 14:30, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno actual “no tiene nada que ver” y “no tiene nada que ocultar” en el caso Pegasus. Pero Rodríguez ha evitado responder si el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho uso de ese software: “Hay asuntos que, porque tratan de la Seguridad Nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas”, ha dicho remitiéndose a la ley de Seguridad Nacional. “Colaboraremos con la justicia si los tribunales nos requieren”, ha aclarado la ministra portavoz, que ha defendido la calidad democrática del Estado.

Anatomía de un espionaje masivo

Según explica el artículo publicado por The New Yorker, en marzo, Jordi Solé, miembro del Parlamento Europeo por el Grupo Los Verdes y partidario de la independencia de Catalunya, se reunió con Elies Campo, un conocido investigador en seguridad digital especializado en Estados Unidos que había dejado su trabajo en la red social WhatsApp para dedicarse a la seguridad digital junto a Citizen Lab. Campo examinó el teléfono de Solé e identificó una notificación de la Seguridad Social sospechosa. Desde junio de 2020, el teléfono del eurodiputado había estado infectado con un programa de espionaje, Pegasus, diseñado por la compañía israelí NSO Group usado para extraer contenido del teléfono, dando acceso a mensajes, fotografías, y dar acceso en tiempo real a la cámara y el micrófono del dispositivo.

Este artículo apareció originalmente en el portal de El Salto Diario y se volvió a publicar bajo una licencia CC BY 3.0 ES

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